La 60 Legislatura estatal pretende ganar tiempo para implementar una amplia campaña de capacitación dirigida a personal de procuración y administración de justicia, barras de abogados, colegios, asociaciones y principalmente a profesionistas en leyes.
El diputado René Escamilla Martínez, presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, consideró que con esta medida se evitaría que haya egresados de licenciatura en derecho sin los conocimientos requeridos para participar en juicios orales.
“No olvidemos que la parte fundamental es la capacitación. Una muy buena parte de ese presupuesto se va a tener que destinar a capacitación. La razón es que, si ya tenemos instalaciones, ya tenemos las leyes, pero no ha sido adaptado ni el personal de procuración y administración de justicia, ni las barras de abogados, colegios, asociaciones o profesionistas, qué sentido tendría todo el trabajo previo”.
A los trabajos de capacitación se destinaría más de 40 por ciento del presupuesto federal que Hidalgo recibirá para la implementación del nuevo sistema de justicia, ya que se contará con la participación de especialistas de otros países y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
René Escamilla reconoció que los planes de estudios de las instituciones que imparten la carrera de licenciatura en derecho son obsoletos frente a la nueva realidad del país, por lo cual los diputados presionarán “con mayor fuerza” a las universidades para que modifiquen sus programas.
“Sería incongruente, y un error histórico, el hecho de que preparemos a profesionistas del derecho en un sistema que ya está caduco, obsoleto y, lo más graves, que ya no va a tener vigencia”.
Como parte de la reforma judicial penal, el Congreso local aprobó en 2009 la Constitución, Política de Hidalgo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Prevención del Delito y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Los ordenamientos pendientes son la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Defensoría Pública, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, considerado la columna vertebral de la reforma.
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